Deuda Ilegítima

 

 

PONENCIA DE LA COMISIÓN DE PROGRAMA Y FORMACIÓN DE LA ASAMBLEA LOCAL DE JAÉN DEL FCSM SOBRE DEUDA ILEGÍTIMA

II Asamblea Ordinaria FCSM Jaén 24/01/2013

 

En “Somos Mayoría VII” dice Julio:
…Tenemos ante nosotros un programa que debemos ampliar, profundizar, explicar y llevar a la calle. Hasta que el programa o cualquiera de sus puntos no ocupe la centralidad de nuestra tarea, estaremos permanentemente en un frustrante ejercicio de endogamia…”.

En el mismo texto nos indica:
…Las dos fuerzas políticas mayoritarias han perpetrado uno de los mayores atentados contra la ciudadanía: la reforma del artículo 135 de la Constitución. En virtud de dicha reforma los pagos de los intereses de la Deuda son prioritarios a cualquier otro Gasto Público: Educación, Sanidad, Obras Públicas, Investigación, Servicios Sociales, etc. Los acreedores que se han beneficiado de esta reforma son fundamentalmente los bancos nacionales y extranjeros….

En este sentido, la comisión de Programas y Formación de la Asamblea Local del FCSM de Jaén ha empezado a tratar varios temas, entre ellos hemos entendido que la deuda pública y su legitimidad puede constituir un punto de partida interesante para el debate político y la propuesta de medidas y reivindicaciones al conjunto de los ciudadanos de Jaén. El determinismo económico propugnado por la oligarquía financiera y su correlato en los gobiernos e instituciones europeas parece justificar el sometimiento de las políticas a las exigencias económicas. En muchas ocasiones, el pago de la deuda pública se constituye en coartada para justificar las políticas de recortes en sanidad, educación, asistenciales,…, y las reformas que implican pérdidas de derechos conquistados hace décadas.

En el capitalismo socialmente reformado posterior a la II Guerra Mundial funcionó bien por un tiempo; nunca el capitalismo fue tan estable como entre 1945 y 1980. Pero colapsó en la segunda mitad de los 70. La crisis del petróleo, el auge espectacular de los movimientos populares, de los sindicatos, de las luchas de los trabajadores, del movimiento popular vecinal, del anticolonialismo, del antiimperialismo… A fines de los 60, los capitalistas llegaron a temer por la supervivencia del sistema, si así puede decirse; fueron grandes momentos. Pero empezaron a reaccionar. El golpe en Chile fue un aviso clave.

El capitalismo reaccionó y tras distintos tanteos, desacopló la demanda efectiva agregada de los salarios reales financiando la demanda efectiva y el consumo popular a partir de un fraude financiero piramidal a gran escala que permitió el crédito barato. O sea, financiar la economía para que, sin aumentar los salarios reales, los trabajadores puedan comprarse coches, casas, etc.

El “neoliberalismo” es también un intento por destruir las conquistas democráticas del movimiento obrero del siglo XX y el poder público institucionalizado. Un intento de desbaratar la soberanía nacional de los pueblos, de echar por tierra las leyes más democráticas, señaladamente el derecho laboral democrático, núcleo articulante de la constitución social y económica. En EE.UU. y Europa estamos viendo intentos no demasiado disimulados de subversión plutocrática y tecnocrática de las sociedades ( la Corte Suprema de los EE.UU. ha autorizado la donación ilimitada de dinero a las campañas políticas). El neoliberalismo no sólo ha corrompido en sentido idiotizador la conciencia de amplios estratos de la población trabajadora, sino también la de las elites dominantes: tipos como Felipe González, Aznar, Schröder, Rodrigo Rato, son gentes no ya moralmente corrompidas; es peor, son gentes de visión corrompida, incapaces de ver más allá de la luz glauca proyectada por la oportunidad inmediata del negocio (fraudulento). Y esto es un drama trágico.

En un sentido global o planetario, la época “neoliberal” consistió en el paso de EE.UU. de una potencia económica excedentaria, que reciclaba su excedente merced a dos países (militarmente vencidos: Alemania y Japón) a una potencia deficitaria, consumidora en última instancia de los productos de las grandes potencias exportadoras del mundo, Alemania, Japón, los tigres asiáticos y luego China. Países que con su excedente financiaban a Wall Street y, a su vez, permitían la financiación del consumo norteamericano sobre la base de un endeudamiento gigantesco de las familias y las empresas estadounidenses y europeo-occidentales. Cuando esto colapsó, todo lo demás lo hizo. La China actual forma parte de este invento, y lo va a pasar bastante mal. Quisieron convertirse, y hasta cierto punto lo consiguieron, en la fábrica del mundo. Pero sus principales clientes eran Europa y EE.UU., y los dos se han quedado sin demanda efectiva.

La novedad actual de la historia humana es que las finanzas se ha independizado de la economía productiva de mercancías y servicios, moviéndose según una lógica puramente especulativa y caótica, “derivados” que representan más de diez veces el Producto Interior Bruto mundial: trillones de dólares gestionados por los inversores institucionales se mueven en el mundo a la búsqueda afanosa de mayores rendimientos.

Es la financiarización de la economía la que ha creado la “burbuja financiera” en la actual crisis. La crisis se generó en 2007-2008 en los EE.UU con la quiebra de los grandes bancos, de la Goldman Sachs a la Lehman Brothers, y se extendió después a Europa a través de la banca alemana, imponiéndola a países como Irlanda, Grecia, España, Italia y Portugal. “Lo que ha sucedido desde 2008 hasta hoy -señala el economista norteamericano James Galbraith- es la más gigantesca estafa de la historia”.

Según el pensamiento dominante en los círculos financieros, políticos y mediáticos que configuran la sabiduría convencional en el conocimiento económico, la deuda del Estado español (aproximadamente un 90% del PIB) se debe al excesivo gasto público realizado en el país durante los años de bonanza en los que se despilfarró el dinero público, que -según la sabiduría convencional- nos ha llevado a la crisis actual. Un indicador de tal crisis es la elevada prima de riesgo que el Estado español tiene que pagar para poder conseguir dinero de la banca, pues ésta (conocida como los mercados financieros) está dejando de tener la confianza en la capacidad del Estado en poder pagar los intereses de su deuda pública. De ahí la necesidad de recortar gasto público a fin de disminuir el déficit y la deuda pública y recuperar así la famosa “confianza de los mercados”, la frase más utilizada en la narrativa oficial de los gobiernos español para justificar sus recortes presupuestarios.

El crecimiento de la deuda pública, sin embargo, tiene muy poco que ver con la supuesta exuberancia del gasto público. En realidad, el gasto y empleo público español son los más bajos de la UE-15. Los datos, fácilmente accesibles, muestran que el Estado en España es uno de los más pobres de la Unión Europea de los Quince, UE-15. Ahora bien, los economistas de FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) continuarán, contra toda la evidencia existente, subrayando que la raíz del problema que tiene España es su excesivo gasto público, que -según ellos- ha generado el gran crecimiento de su deuda pública.

La causa más importante (y más silenciada por los medios) de la elevada deuda pública en España ha sido el dominio de la banca -y muy en especial de la banca alemana- y de las fuerzas neoliberales que ésta promueve en el diseño del euro y su sistema de gobierno. Veamos los datos. Tales fuerzas establecieron un Banco Central que no era un Banco Central, sino que era un enorme lobby de la banca. Lo que hace un Banco Central en un país es imprimir dinero y con este dinero compra deuda pública a su Estado, de manera que si los intereses de sus bonos se disparan porque el Estado tiene dificultad para venderlos, el Banco Central entra y compra muchos bonos, con lo cual los intereses bajan. El Banco Central está ahí para defender a su Estado frente a la especulación de los mercados financieros.

Ahora bien, cuando se estableció el euro, el Estado español perdió tal capacidad de imprimir dinero y comprar deuda pública. Se delegó tal autoridad al Banco Central Europeo, que sigue imprimiendo dinero pero no para prestarlo al Estado español (la compra de deuda pública, en la práctica, es un préstamo al Estado), sino para prestarlo a la banca privada a unos intereses bajísimos (menos de un 1%). Y es esta banca privada la que compra deuda pública a unos intereses elevadísimos (un 6% o un 7% en el caso español o italiano). Es un negocio redondo para la banca. El chanchullo del año. La banca, incluyendo la banca alemana, se ha forrado de dinero durante todos estos años. Nunca les había ido tan bien. Chupaban la sangre (los altos intereses de la deuda pública) al Estado, y cuando éste parecía que iba a desmayarse o morir, entonces (y sólo entonces), el Banco Central Europeo le prestaba dinero al Estado, es decir, le compraba deuda pública para que continuara viviendo, a fin de que la banca privada, como sanguijuela, pudiera continuar chupándole la sangre (es decir, su dinero).

Quien dispone de la capacidad para crear dinero legal, dispone también de la capacidad para garantizar el pago de las deudas. La creación del euro como moneda única supuso una enorme transferencia de poder financiero desde los gobiernos nacionales (elegidos democráticamente por la ciudadanía de sus países, al menos en teoría) hacia una institución supranacional, el BCE gobernado por tecnócratas, extraídos directamente de los grandes negocios financieros y representantes directos de estos mismos intereses, que escapan al control democrático de la ciudadanía europea. Esta transferencia de poder fue reforzada por el Tratado de Lisboa (art. 123) al prohibir expresamente que la emisión de la nueva moneda común se utilizase, ni siquiera en caso de emergencia, para financiar el déficit público o garantizar los pagos de cualquiera de los países integrantes de la Unión Monetaria.

Si el BCE hubiera prestado el dinero al Estado español, en lugar de éste tener que pedirlo a la banca privada, el Estado hubiera ahorrado muchísimo dinero. El Estado, en lugar de pagar unos intereses al 6%, hubiera pagado al 1% (como pagan los bancos para obtener dinero del BCE), ahorrándose muchísimo, pero muchísimo dinero, sin que hubiera aparecido el problema de la deuda pública, y sin que se hubiera necesitado hacer ningún recorte de gasto público.

El economista Eduardo Garzón ha calculado (en su artículo “Situación de las arcas públicas si el estado español no pagara intereses de deuda pública”) lo que el Estado español tendría como deuda pública (desde 1989 a 2011) si hubiera tenido un Banco Central que le hubiera prestado dinero al 1% de interés, sin tener que recurrir a la banca privada pagando los elevadísimos intereses que ha pagado. Pues bien, la deuda pública sería hoy un 14% del PIB (sí, ha leído bien, un 14%) en lugar de un 90%. Este es el enorme coste de la deuda del Estado español por haber tenido el sistema de gobernanza del euro tal como ahora existe, sistema de gobernanza que se diseñó para optimizar los intereses de la banca a costa de los intereses de la población y de su Estado. Hoy España no tendría los problemas que tiene si hubiera tenido un Banco Central propio digno de su nombre, o hubiera tenido un Banco Central Europeo que hubiera sido un Banco Central.

En 2012 los intereses a pagar por la deuda pública serán de 28.848 millones de euros (para hacerse una idea, el recorte del PP es de 27.300 millones). Pero además el Estado se endeudará este año por un total de 186.100 millones de euros más (y si finalmente las previsiones del Gobierno no se cumplen estaremos ante una cantidad mayor), los cuales serán dedicados fundamentalmente para la refinanciación de la deuda (149.300 millones de euros). Es decir, el Estado se endeudará para pagar la deuda contraída antes. Y en la medida que suba la prima de riesgo esa refinanciación será más cara y la punción sobre el Estado será más grande.

Esta expansión monetaria a través de la banca privada ha sido utilizada para la especulación financiera sobre la deuda soberana de los estados europeos, particularmente de aquellos más necesitados de financiación, apostando a la baja (en perfecta sintonía con las agencias de rating) sobre los precios de la deuda ante cada nueva emisión (es decir: elevando el tipo de interés real) con la expectativa de vender al alza posteriormente.

Esta expectativa ha sido garantizada por el BCE comprando esta deuda en los mercados secundarios para sostener su precio cuando su pérdida de valor lo ha hecho necesario. Pero no lo ha hecho para defender la deuda de los países en dificultades financieras sino para asegurar los balances de la gran banca europea, principalmente alemana y francesa, frente a la pérdida de valor de la deuda. Es decir: una vez más para facilitar liquidez (dinero legal) a los especuladores, a cambio de la deuda soberana de dudosa solvencia. Es imposible imaginar una maquinaria más perfecta al servicio del capital financiero: el mismo BCE, que no puede garantizar la deuda soberana de los estados en crisis, facilita financiación casi regalada a los especuladores para comprarla y garantiza la reventa en el mercado secundario para asegurar sus ganancias.

Esta estafa bancaria se ha ido imponiendo a la deuda pública de los gobiernos para exigir políticas de austeridad y la privatización de los patrimonios públicos, como ha hecho la UE mediante el Pacto Fiscal, firmado el 2 de marzo de 2012 por los 25 de los 27 jefes de estado de la UE, que conlleva planes de austeridad que están suponiendo recortes salariales, ayudas sociales, pensiones, ataques a la legislación laboral y privatizaciones de los bienes comunes. Igualmente, se exige el equilibrio presupuestario de los estados. Una orientación que lleva a una verdadera dictadura del BCE, convertido en el auténtico poder político de la UE y cancelándose la democratización en el continente europeo. La canciller alemana Merkel lo ha expresado claramente: “La democracia debe estar de acuerdo con el mercado”. Estamos en una plena dictadura de las oligarquías financieras.

La Constitución ha sido modificada en su artículo 135, por acuerdo del PSOE y el PP, a fin de que la deuda tenga preferencia de pago sobre cualquier otro gasto público. El llamado Estado de Derecho ya no es tal. Paralelo al Estado y sus administraciones, existe otro que informa el impulso de la acción política; un doble Estado formado por mafias, redes clientelares, intereses espurios, grupos de presión y alguna que otra alcantarilla.

Bajo el impulso de gobierno de las oligarquías financieras y sus representantes políticos en el Estado español, el Parlamento español votó a favor del Pacto Fiscal, el Tratado de la UE que impone reducir la deuda pública al 60% del PIB en veinte años. Entre 2013 y 2032, los gobiernos españoles deberán llevar a cabo recortes económicos de cerca de 48.000 millones de euros anuales para renegociar la deuda. La crisis generada por la banca se enmascara como deuda pública.

Está claro que no podemos aceptar ni el Pacto Fiscal de la UE, ni su ratificación por el Parlamento español ni la modificación del artículo 135 de la Constitución española, porque será el pueblo español quien tenga que pagar esa factura.

Lo que interesa señalar aquí es que precisamente la deuda pública se ha convertido en el mecanismo más efectivo de socialización de pérdidas y privatización de ganancias, es decir, de transferencia de dinero público a manos privadas. Está siendo el elemento de política económica más recurrido para cristalizar la inmensa estafa que está siendo esta crisis económica. La deuda no es un fallo del sistema, sino un producto del mismo. Su abolición lleva implícita una profunda transformación política, económica, social y cultural.

La deuda se ha convertido en un potente instrumento de dominación, vinculado a planes de ajuste mortíferos, que desencadenó un neocolonialismo devastador en el sur, y ahora, en nombre de su sagrado reembolso, nos echa por tierra nuestro débil estado de bienestar en Europa, precariza a los trabajadores y acaba con lo que queda de democracia. Se trata del mayor retroceso desde la segunda guerra mundial.

Una deuda que es impagable porque crece por encima de las posibilidades de pago. Se entra así en la función exponencial que rige el interés compuesto, una rama con límite en el infinito. Si además, en medio de la partida, nos suben el interés de la deuda (el índice de la función exponencial), la deuda pasa de ser manejable a impagable. Cuando 1 de cada 3 euros que gasta la administración central, en el momento que más necesita de inversiones productivas, tiene que dedicarse al servicio de la deuda, podemos decir que no hay esperanza ninguna de recuperación. Si recortamos en inversiones en educación o sanidad, las vías más efectivas para aumentar la productividad, redistribuir la riqueza y favorecer la permeabilidad social, para dedicar ese dinero de los recortes para pagar una deuda que no hace más que crecer en monto y tipo de interés, podemos dar por hecho que cualquier futuro que nos espere será peor que el actual. Sin inversión pública y privada (la cual está muerta desde hace años) es matemáticamente imposible salir de la recesión.

Un 6% de interés supone un flujo neto de riqueza del bolsillo de los trabajadores (el sistema fiscal español está sostenido, principalmente, por el consumo y las rentas del trabajo, siendo un paraíso fiscal para las rentas del capital y los grandes patrimonios) hacia las arcas del capitalismo internacional. Dinero que sale del subsistema económico español empobreciéndolo. Dicho de otra forma: los bancos franceses, alemanes, usamericanos, ingleses…y españoles, se están recapitalizando merced a nuestros impuestos, y a costa de destruir nuestro futuro.

En nombre de la deuda, nos exigen sacrificios inhumanos, en nombre de la deuda nos imponen planes de austeridad sobre planes de austeridad, en nombre de la deuda nos cambian la constitución y recortan en sanidad y educación. Pero nunca, nunca, se lee en la prensa o se oye en boca de políticos, una alternativa potente, un primer paso para una posible salida de la crisis: EL NO PAGO.

Indudablemente, la cuestión del pago de la deuda pública constituye un tabú. Los jefes de Estado y de gobierno, el Banco Central Europeo (BCE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea y la prensa dominante lo presentan como inevitable, indiscutible y obligatorio. Los ciudadanos y las ciudadanas se deberían resignar a pagar la deuda pública. La única discusión posible sería sobre la forma de modular el reparto de los sacrificios necesarios para liberar los medios presupuestarios suficientes, con el fin de cumplir con los compromisos del país endeudado. Los gobiernos que pidieron los préstamos fueron elegidos democráticamente, por lo tanto sus actos son legítimos. Se debe pagar.

La auditoría ciudadana es un instrumento para eliminar este tabú. Permite que una proporción creciente de población comprenda todas las circunstancias e implicaciones del proceso de endeudamiento de su país. Una auditoría ciudadana consiste en analizar de manera crítica la política de endeudamiento llevada a cabo por las autoridades de un país.

En su “Informe sobre la legitimidad de la Deuda Pública de la Administración del Estado”, el inspector de hacienda Agustín Turiel Martínez considera deuda ilegítima aquella deuda emitida por la Administración Central del Estado cuyos fondos se destinan no a sufragar gastos operativos corrientes o de capital, sino a ser nuevamente prestados a terceros. La deuda ilegítima asciende en principal e intereses, en la actualidad, a más de ciento veinte mil millones de euros, aproximadamente el 12% de PIB. Asimismo se indica en dicho informe, que en realidad la deuda pública ilegítima es mucho mayor, pues éste no considera la deuda pública de otras administraciones ni la ilegitimidad de otros conceptos que los estrictamente económicos. Ha quedado fuera la evaluación de deuda ilegítima generada por gastos en armamento, obra pública inútil, transferencias a confesiones religiosas, etc.

¿Qué hacemos con la deuda? Algunas pistas para una reflexión colectiva y para actuar en consecuencia:
1. Exigir una moratoria para el pago de la deuda pública;
2. Auditoria social sobre la formación de la deuda pública española con el objetivo de no pagar la deuda ilegítima, como hizo Ecuador en 2007;
3. Suspensión de los planes de austeridad que además de ser injustos agudizan la crisis;
4. Prohibir las transacciones financieras con los paraisos fiscales y lucha a la masiva evasión fiscal de las grandes empresas y las grandes fortunas;
5. Prohibición de los “paquetes tóxicos” y la especulación financiera de los alimentos;
6. División de los bancos “demasiado grandes para quebrar” en entidades más controlables, imponiendo una clara división entre banca comercial y banca de inversión;
7. Nacionalización de la banca y constitución de instituciones de crédito público;
8. Imposición de un impuesto que grave las transacciones financieras u otro sobre los grandes patrimonios y
9. Refundación del Banco Central Europeo bajo control político democrático, para que pueda efectuar préstamos directos a los gobiernos europeos a tasas de interés muy bajas.

Para la elaboración del presente escrito se han consultado artículos e informes de:
Yorgos Mitralias; Damien Millet y Eric Toussaint; Tomás Muñoz; Leonidas Vatikiotis; Inés Marco y Gemma Tarafa; Vicenç Navarro; Esther Vivas; Jérome Duval; Alberto Garzón Espinosa

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