Pensiones

EN DEFENSA DE LAS PENSIONES. POR UNAS PENSIONES DIGNAS

El Gobierno ha presentado al Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley sobre Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de Seguridad Social.

El Frente Cívico “Somos Mayoría” considera este proyecto como una nueva agresión, excepcionalmente grave, a los trabajadores y pensionistas de este país. El ataque forma parte del proyecto, que bajo mandato de la Troika y englobado en el marco de las “reformas estructurales”, pretende desmantelar todas las conquistas sociales logradas durante décadas para aumentar el beneficio del capital financiero.

Este Proyecto de Ley se apoya en un informe redactado por unos expertos, en su mayoría vinculados a entidades financieras y de seguros, el cual se basa en falsedades o “verdades no científicas” para proclamar la supuesta crisis del sistema público de pensiones y, por tanto, presentar una solución, también supuestamente técnica y aséptica, para garantizar su viabilidad.

Sin embargo, existen otros informes, de otros expertos, en los que se demuestra que no es cierto que las pensiones corran peligro por la crisis, ya que tanto los poderes políticos como los económicos llevan alertando de este peligro mucho antes de la crisis actual.

Además, la crisis de las pensiones públicas no es una verdad técnica sino una construcción política e ideológica. Basándose en una realidad demográfica (cada vez hay más pensionistas, porque la gente vive más años; cada vez hay menos cotizantes porque hay menos población en edad de trabajar) lanzan una alarma social sobre la “crisis de las pensiones”. Pero si se analizan los argumentos, se observa otra realidad:

• El número de cotizantes no sólo se ha reducido por el factor demográfico sino por el principal problema social que sacude al país, el paro, y ante el cual no se plantean soluciones.
• Es falso que la mayor esperanza de vida sea lo que pone en peligro el futuro de las pensiones ya que no se valoran otros factores, como el número de parados, la mayor productividad actual, el menor nivel de los salarios y la extensión de la economía sumergida.
• Los ingresos del sistema de pensiones no dependen únicamente del número de cotizantes si no de la productividad de éstos, que no ha dejado de aumentar.
• La existencia de un déficit entre los ingresos y los gastos de la Seguridad Social no debería suponer una crisis existencial del sistema, en un momento en el que el resto de las partidas estatales presentan desequilibrios que son aceptados.
• La financiación del sistema de pensiones a través únicamente de las cotizaciones de los trabajadores es una decisión política y técnica. Es posible aumentar esa financiación vía presupuestos en un supuesto Estado Social, que garantiza el derecho a percibir una pensión en el artículo 50 de su Constitución.
• Quienes ahora dicen saber lo que ocurrirá con las pensiones dentro de 30 años no han acertado nunca en las predicciones hechas anteriormente.
• La propuesta de aumentar la edad de jubilación para todos los trabajadores sin distinción es tremendamente injusta, ya que las personas con mayor renta tienen una mayor esperanza de vida.

Tras cometer esta estafa, los expertos del Gobierno recomiendan una serie de medidas técnicas que conllevan una disminución de las pensiones públicas, justo en el momento en que éstas significan el soporte económico de muchas familias españolas, condenando, por tanto, a miles de familias la pobreza. Sin olvidar que esta rebaja de las pensiones continúa la senda de disminución de salarios emprendida por las reformas laborales, toda vez que la pensión forma el salario diferido, derecho de todo trabajador pasado y futuro.

Teniendo en cuenta que estos “expertos gubernamentales” están ligados, directa o indirectamente, a diferentes empresas del sector financiero, no es de extrañar la solución a la que animan a la población: recomiendan la inversión en pensiones privadas, sin advertir del enorme riesgo y la baja rentabilidad que conllevan. Y aquí se puede ver la verdadera motivación de esta contrarreforma de las pensiones. Una nueva apropiación, por parte del capital financiero, de un negocio hasta ahora público, de enorme rentabilidad. Las pensiones privadas darán menos beneficio mientras exista un sistema público de pensiones, por lo que alertar sobre la crisis de éste, desmantelarlo y obligar a gran parte de la población a contratar una pensión privada (mientras el resto queda condenado a la pobreza), es una nueva desposesión de recursos públicos, que se destinan hacia el único sector que se ha venido beneficiando de la crisis: el financiero, la banca privada.

En realidad, la reforma del sistema de pensiones está más conectada con los objetivos del capital financiero que con la viabilidad del mismo o con el bienestar o la seguridad de los pensionistas. Esta reforma llega en plena crisis, recortando el poder adquisitivo del único grupo de población que había mantenido su capacidad de consumo. Esto dificultará la recuperación de la economía.

Vivimos en una provincia que bate todos los récords nacionales en desempleo; que en cinco años ha pasado del 12% al 40,6% de parados y ha llegado a un 74,46% de paro juvenil.

Los 123.865 pensionistas de Jaén reciben una pensión media de 724,19 euros, inferior a la pensión media andaluza (781,29 euros) y a la española (860 euros).

Esto significa que el 32% de las pensiones de Jaén están por debajo del umbral de pobreza (625 euros), el 15 % lo superan en 145 euros y el 53% en 193 euros. Además, el 75% de las pensiones son inferiores al salario medio de la provincia (1100 euros).

Viendo los datos y teniendo en cuenta que en muchos casos la pensión del jubilado se ha convertido en la única fuente de ingresos, el último “colchón” de las familias frente a la crisis, podemos concluir que la reforma de las pensiones es el golpe de gracia para la economía de miles de familias jiennenses.

Porque lo que se va a producir es que las pensiones, en los peores años económicos, subirán como mínimo un 0,25% (ésto anuncia el Gobierno: no se congelan técnicamente pero se le parece mucho) pero esta escasa subida conlleva una pérdida de poder adquisitivo que no será solo de un año; será de bastantes años más. Solo con las previsiones de inflación de los Presupuestos de 2014, se perderá un 1,25% de poder adquisitivo en ese año y se necesitarán 5 años de bonanza para recuperarlo (en los últimos 12 años hemos tenido una inflación del 3%). Los cálculos más benevolentes conducen a una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas casi del 20% en los próximos 10 años, respecto a la cuantía actual.

El Frente Cívico Somos Mayoría de Jaén hace un llamamiento a la ciudadanía de Jaén para que no se deje engañar por una argumentación falsa e interesada y manifieste un rechazo frontal al recorte de las pensiones públicas, reclamando con toda firmeza otra política económica frente a la crisis que no siga destruyendo empleo y generando cada día más deuda y empobrecimiento.

¡LAS PENSIONES NO SE TOCAN!

 

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