La auditoría de la deuda y el futuro del euro

euro roto

 

José Francisco Bellod
Público

La idea que defiendo en estas líneas es bien sencilla de formular: resulta un contrasentido aspirar a reestructurar la deuda pública y, simultáneamente, mantenerse aferrado al euro. Abandonar planificadamente la moneda única es una medida menos conflictiva pero más eficaz para la recuperación de nuestra economía que suspender el pago de la deuda externa. Por eso no es políticamente creíble propugnar la permanencia de España en el euro por miedo a la reacción de los mercados mientras se desprecia la respuesta, a todas luces más violenta, que una reestructuración unilateral de la deuda pública conllevaría. Tan absurdo, salvando las distancias, como temer las consecuencias del contagio de una gripe y no a las del ébola.

La extraordinaria duración e intensidad de la actual crisis en España contrasta con la exitosa experiencia de países gobernados por la izquierda transformadora en América Latina, particularmente en lo que a gestión de la deuda se refiere. Esto ha propiciado la irrupción del debate sobre qué hacer con nuestra exorbitante deuda pública, debate en el que son continuas las referencias a la experiencia latinoamericana (y muy especialmente a Ecuador). Ciertamente el problema de la deuda es susceptible de muchos enfoques no excluyentes entre sí, pero me gustaría centrarme en el plano económico, más que en el aspecto político o ético.

Sabemos que la deuda es una losa que lastra nuestra recuperación económica y obliga a los ciudadanos a trabajar a cambio de salarios reales miserables, más miserables aún una vez descontados los impuestos a los que hay que hacer frente pasa satisfacer las demandas de la “troika”.

Frente a ello se manejan varias alternativas. La primera de ellas es la realización de una “auditoría sobre la legitimidad de la deuda”. Recordemos que una auditoría de esa naturaleza es ante todo un “proceso político”, un proceso de “toma de conciencia popular”, una especie de revisión histórica de lo que se ha hecho mal, en el que la labor del economista es más de soporte técnico que protagonista. Además, se pretende que el efecto de la auditoría no sea testimonial: se trata de identificar qué deudas es ilegítimo pagar y… efectivamente… no pagarlas. Salvo que estemos hablando de “auditoría de deuda” en un sentido banal, como mero ejercicio de erudición o como aquelarre festivo, la auditoría es un proceso que necesariamente desemboca en una fase de “conflicto con los acreedores”.

También es frecuente recurrir al concepto “reestructuración de la deuda”. La reestructuración es en principio un proceso negociado, una alternativa al conflicto con los acreedores, en la que la deuda se paga… pero en condiciones que garanticen la viabilidad de la economía deudora (por ejemplo modificando los plazos, carencias o tipos de interés). Obviamente se puede negociar una quita, y no sería la primera vez que los acreedores lo aceptan. Pero lo único que se hace es convalidar las deudas heredadas del pasado: darlas por buenas independientemente de su origen. Esta noción de restructuración, dominante en el mundo financiero, choca diametralmente con el concepto de “auditoría de legitimidad”. Cosa distinta sería reestructurar “unilateralmente” la deuda, sin negociación con los acreedores: en ese caso estaríamos en una situación análoga a la del impago.

Al no disponer de una moneda propia, cualquier intento de hacer efectivos los resultados de una verdadera “auditoría de deuda”, cualquier intento de actuación unilateral del deudor (impago total o parcial, reestructuración…) podría traer como consecuencia no ya una reacción de los mercados (eso por descontado), sino simple y llanamente el corte de suministro de dinero por parte del banco emisor. Recordemos que la banca española debe actualmente 150.994 millones de euros al BCE: si en respuesta a la legítima auto – reestructuración de la deuda el BCE opta por no refinanciar esos saldos, nuestra economía se vería colapsada en cuestión de días. Simple y llanamente por falta de circulante con el que operar. La conclusión es que necesitamos una moneda y si el BCE, en represalia política, no está dispuesto a facilitárnosla no tendremos más opción que procurárnosla nosotros mismos como históricamente han hecho todos los países soberanos.

Conviene advertir que es muy diferente “salir programadamente” del euro que ser “expulsado abruptamente” del club.

Con una salida programada del euro, en la que se diseñasen mecanismos de respuesta a eventuales turbulencias transitorias (controles de capitales, etc.), recuperaríamos la autonomía monetaria lo cual nos permitiría practicar políticas económicas expansivas y selectivas: hoy el acceso al crédito es tremendamente fácil si lo que se pretende es especular en alguno de los innumerables mercados abiertos a nivel mundial, y casi imposible para instalar una fábrica y crear empleo. Y mucho más fácil para las grandes corporaciones que para la pequeña empresa. Adicionalmente podríamos devaluar la nueva moneda frente a nuestros competidores, que falta nos hace porque una de las consecuencias del carácter rentista y especulador del empresariado español es la pérdida sistemática de competitividad exterior por falta de inversión – financiación de actividades I+D+i; y en el corto plazo ese desequilibrio sólo puede corregirse (desgraciadamente) mediante una devaluación.

Obviamente el tipo de cambio de la nueva moneda, como sucede siempre, dependería en parte de los mercados financieros, en parte del comportamiento de nuestros agregados macroeconómicos y en parte de la política cambiaria de nuestro propio banco central. Es más, podríamos establecer un régimen cambiario que vinculase nuestra nueva moneda al euro pero de manera flexible para corregir la evolución de nuestra productividad.

Curiosamente un abandono programado del euro permitiría que todos los acreedores cobrasen: pero en nuestra moneda, o en dólares… como ha sucedido tradicionalmente. Y de hecho el impacto positivo sobre el PIB haría disminuir la ratio deuda/PIB y relajaría las previsibles tensiones financieras iniciales. Recuperando el crecimiento económico desaparecería el pernicioso “efecto snowball”, por cual del cual nuestra deuda externa crece inercialmente. Es, desde luego, una opción menos conflictiva que el impago total o parcial de la deuda declarada unilateralmente “ilegítima”.

Se habla mucho de la exitosa experiencia ecuatoriana: una experiencia que difícilmente podríamos reproducir en España. En mayo de 2009, después de un intenso y ejemplar proceso de auditoría sobre la legitimidad de la deuda que el presidente Rafael Correa encomendó al CAIC (Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público), se declaró la mora en el pago de los intereses de la deuda denominada Bonos Global 2012 y 2030, rescatando un nominal de 3.241 millones de dólares por el 35´5% de su valor, con lo que la deuda externa se redujo en un tercio, del 18´6% al 14´2% del PIB y se produjo un importante ahorro para las arcas públicas.

La operación no fue inocua en términos macroeconómicos (el PIB cayó del 6´4% de 2008 a un exiguo 0´6% en 2009, y las reservas externas pasaron de 4.473 millones de dólares a poco más de 2.675 millones), pero el Gobierno de Rafael Correa supo enfrentarlos implementando medidas del siguiente tenor: en materia arancelaria se crearon/aumentaron aranceles en 627 subpartidas arancelarias (algo ilegal entre países miembros de la Unión Europea); ante la fuga de inversores las emisiones de deuda pública ecuatoriana fueron sustituidas por préstamos bilaterales de los que China es principal contraparte, poseyendo actualmente deuda ecuatoriana por valor de 4.695 millones de dólares, equivalente al 28% de su deuda externa (y garantizada íntegramente con petróleo ecuatoriano). ¿Qué país jugaría para España ese rol de asistente financiero que China desempeña con Ecuador? Además, Ecuador tiene su propia moneda, aunque vinculada al dólar estadounidense desde la reforma monetaria de marzo de 2000, lo que le permitió cierto grado de autonomía para practicar una política monetaria que compensase los posibles efectos contractivos de la fuga de capitales: nuestra permanencia en el euro hace inviable una respuesta monetaria de ese tenor. Por último, pero no menos importante, es justo resaltar que a partir de 2009 el precio del petróleo, principal exportación ecuatoriana, comenzó una senda alcista que duró hasta junio de 2014: si las exportaciones petroleras ecuatorianas fueron de 6.284 millones de dólares en 2009, en 2013 se batía el record de 13.412 millones. Los ingentes recursos tributarios asociados al petróleo evitaron que el Gobierno ecuatoriano tuviera que acudir de forma sistemática y precaria a unos mercados internacionales “escaldados” con la quita de 2009.

En resumen, la cuestión de fondo es ésta: ¿qué grado de conflicto estamos dispuestos a asumir para salir ya de la crisis? Desde luego una salida programada del euro resulta menos conflictivo que el impago o la reestructuración unilateral de la deuda.

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